Fiscalía ajusta acusación por colapso en el estadio de Neiva

El pliego de acusaciones por la tragedia ocurrida en el estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ quedó en suspenso.

El fiscal 17 delegado, Rodrigo Fernández Fierro pidió el aplazamiento de la audiencia, argumentando un plazo adicional para soportar con mayores elementos de prueba, la acusación contra los primeros siete implicados.

El escrito de acusación fue radicado el primero de diciembre de 2017, tres días antes de la audiencia que revocó las medidas de aseguramiento y dejó en libertad al ex alcalde Pedro Hernán Suárez, a su jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes y al ex director de Deportes Carlos Alberto Ramos Parrací, quienes permanecían detenidos en la cárcel Picaleña de Ibagué.

En este proceso fueron vinculados los contratistas, Gustavo Adolfo Arboleda, Miguel Alejandro Lozano y Erika Fernández y el curador urbano Mauricio Vargas Cuéllar.  Solo dos de los implicados no concurrieron.

La polémica

Aunque fue radicada hace tres meses, el funcionario anunció un plazo adicional para una mejor preparación del caso,   considerando la complejidad de la investigación, el número de personas involucradas, la multiplicidad de los delitos imputados y el gran volumen de elementos materiales probatorios y evidencia física que por ley deben trasladarse a los sujetos procesales para ejercer su defensa.

La demora fue atribuida a la enorme carga laboral que tiene la Fiscalía en Neiva. La petición causó sorpresa. “Yo no creo que se pueda apoyar la Fiscalía en una prórroga de términos, porque quedaríamos sometidos a los caprichos y vaivenes de la Fiscalía”, afirmó Alberto Morales Támara, abogado del curador urbano.

“Si es así estamos actuando frente a un Estado que abusa de su posición. Y ese abuso no puede ser tolerado. En esas condiciones, como la Fiscalía tiene unas cargas procesales y es ella la que las está incumpliendo, sobre esa base, no se debe acceder y que la acusación se debe formular”, alegó  Morales Támara.

En este caso, la Fiscalía sigue improvisando, llevamos siete meses esperando y, corregir o adicionar la acusación equivale a un nuevo aplazamiento, ya que como se recibe un día antes, las partes no tienen tiempo para conocerla y poder controvertirla”, argumentó Edgar Bello, apoderado del ex alcalde Pedro Suárez.

Aunque el juez de conocimiento, Jorge Enrique Luna les halló la razón, al final, decidió aplazarla la audiencia para el 4 de abril, exigiéndole al fiscal que el escrito debe presentarse por lo menos una semana antes.

La acusación formal fue aplazada para la primera semana de abril por petición de la Fiscalía/SERGIO REYES

La acusación

A pesar del aplazamiento, LA NACIÓN conoció en primicia el eje de la acusación que será adicionada y ajustada.  La Fiscalía 17 seccional, acusó a los servidores públicos como supuestos coautores “con probabilidad de verdad”  de cuatro conductas: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en beneficio de terceros, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. En cambio a los contratistas les imputó las mismas conductas pero a título de intervinientes.

Al curador primero de Neiva, Mauricio Vargas Cuéllar lo acusó de los supuestos delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en calidad de coautor.

Licitación amarrada

El escrito de acusación estima que el proceso licitatorio desde la fase precontractual estuvo orientado a favorecer al único contratista.

Tanto en la imputación como en el escrito de acusación que será adicionado, el fiscal reitera que en este proyecto un claro direccionamiento “para que fuera elegido el consorcio Estadio 2014, representado legalmente por Miguel Alejandro Lozano Castañeda”.

“Los pliegos definitivos fueron ajustados a circunstancias financieras, técnicas y experiencia que representaba el consorcio Estadio 2014, negando cualquier posibilidad que se presentaran otros proponentes”, argumentó la Fiscalía.

Los pliegos fueron hechos a la medida del contratista: primero, fijó un requisito habilitante que solo el representante del consorcio podía demostrar: experiencia de 30 años y  haber construido o remodelado dos estadios en los últimos ocho años.

Para rematar, disminuyó el capital de trabajo, exigido en los pliegos (se redujo del 50 al 35%)  y subió el nivel de endeudamiento (pasó de ser igual o mayor al 30% lo fijó en igual o mayor al 35%).

También ajustó la cantidad de acero a las condiciones del contratista. Se pasó de 450 toneladas a ejecutar en el proyecto que no cumplía a sólo 40 toneladas de acero.

Además,  se determinó que la suma de dos contratos de obra aportados en la experiencia específica, sea equivalente al 50% del presupuesto oficial del proyecto. Igualmente estipuló que el área mínima intervenida en los contratos que acrediten la experiencia sea de 20 mil metros cuadrados.

En estas condiciones, según el escrito acusatorio, se vulneró el principio de selección objetiva “al direccionar el contrato hacia este proponente en la etapa de tramitación.

Sin presupuesto

“El presupuesto no era aproximado, razonable, confiable y oportuno para la obra a ejecutar, dada la variedad de los mismos y aun así, el jefe de la administración municipal delegó para que se suscribiera el contrato 1758 de 2014”, señala el documento reservado.

Adicionalmente, según el funcionario judicial, no hubo planeación. El proyecto original contemplaba la remodelación de todo el estadio y así fue seleccionado por Coldeportes para su cofinanciación total.

Sin embargo, el proyecto se modificó para ejecutarlo por etapas sin ninguna justificación técnica, administrativa y financiera para tomar esa decisión. En ese caso, según el fiscal, “Se debía realizar un nuevo estudio preliminar de necesidad, justificación y oportunidad, entre otros, para determinar la viabilidad técnica de dicha modificación y elaborarse un presupuesto aproximado para la fase de obra a ejecutar y no se hizo”.

Adiciones exageradas

El fiscal acusador resaltó que desde la ejecución de la obra se adicionaron  desproporcionadamente mayores cantidades de obra para incrementar el presupuesto, aun sabiendo que los recursos disponibles no eran suficientes para ejecutar una obra de gran envergadura. Por esa razón, de acuerdo con el informe oficial, el presupuesto se adicionó en un 50% y aun así resultaba insuficiente.

La licencia

En el escrito de acusación que debía sustentarse ayer, el fiscal sostiene que la licencia de construcción se expidió irregularmente, “soportada en estudios de vulnerabilidad  y sismo-residencia obsoletos porque no contemplaban las adiciones o modificación a la estructura existente y por ello no servían para obtener la citada licencia”. En su criterio, debía contar con  un estudio de vulnerabilidad sísmica diferente.

Despilfarro doloso

El pliego acusatorio, precisa que en el proyecto de remodelación  “se dilapidaron los recursos económicos invertidos con graves fallas en la construcción, debido a que se elaboró con estudios de vulnerabilidad sísmico-residente obsoletos, lo que conllevó al detrimento económico del Estado, en cuantía de 24.478 millones de pesos por el despilfarro doloso de los recursos con el ánimo de que un tercero se apropiara de ellos”.

El fiscal Fernández Fierro reafirmó la teoría del caso en que el proyecto de remodelación contemplaba el reforzamiento estructural que no se hizo, como lo confirmó un estudio técnico que sirve hoy de soporte para el proceso fiscal que adelanta la Contraloría y un proceso sancionatorio que debe surtirse. Sin embargo, sigue paralizado por decisión del viceministro Héctor Olimpo Espinosa, designado alcalde ad hoc en este caso.

 

 

El fiscal pidió el aplazamiento alegando excesiva carga laboral

FUENTE: LA NACION